Penal económico · Madrid
Para empresarios, administradores y directivos a los que investiga Hacienda, denuncia un socio o cita un juzgado. Le atendemos en nuestra oficina de la Castellana o a distancia, en español o en inglés.
Hable con un abogado ahora mismo
Si su empresa ha recibido un requerimiento, la visita de la Inspección o una citación del juzgado, no conteste ni entregue nada hasta que lo haya leído un abogado. Llámenos al +34 711 29 14 66 y le decimos qué hay que hacer esta semana y qué plazos corren ya.
Escrito y revisado por Jimena Sastre, abogada penalista, compliance officer y experta externa en prevención del blanqueo registrada en el SEPBLAC.
Actualizado el 4 de octubre de 2026.
Defendemos a administradores, directivos, socios y a la propia sociedad. Si los intereses de la empresa y los de quien la dirige pueden chocar, se lo decimos al empezar, porque entonces conviene que cada uno tenga su abogado. Cuando el cliente es el perjudicado, presentamos la querella y pedimos la devolución del dinero en esa misma causa. Para detenciones y delitos de otro tipo, está nuestra página de penalistas en Madrid.
Las defraudaciones que pueden afectar gravemente a la economía nacional, o perjudicar a muchas personas en más de una provincia, corresponden a la Audiencia Nacional, que tiene su sede en Madrid. Desde la Ley Orgánica 1/2025 las instruye la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, también en Madrid, que ocupó el lugar de los antiguos juzgados centrales. El resto de causas se investigan donde ocurrieron los hechos.
Quien administra desde otro país una sociedad española responde en España por lo que se haga en su nombre, y la sociedad puede ser acusada por separado. Llevamos el asunto en inglés con quien lo necesite. Si las pruebas o los bienes están en otro país de la Unión Europea, el juez español puede pedirlos con una orden europea de investigación.
Para que el plan libre a la sociedad de la pena, el artículo 31 bis del Código Penal pide cuatro cosas: que el órgano de administración lo aprobara y lo aplicara antes de los hechos, que alguien con autonomía vigilara su cumplimiento, que el autor lo burlara de forma fraudulenta y que esa vigilancia no fallara. Si solo se acredita una parte, sirve para rebajar la pena. Compliance en Madrid
Si llega un requerimiento, un registro o una citación
Quien está investigado puede ver la causa antes de declarar, guardar silencio y no declarar contra sí mismo. Para registrar las oficinas desde las que se dirige una empresa hace falta, por regla general, una orden del juez.
Por dónde empezar
Mándenos por WhatsApp lo que le haya llegado y le decimos cuál es el primer paso.
Hacienda ha mandado mi expediente al fiscal
Mientras dura la causa, Hacienda puede seguir cobrando, salvo que el juez suspenda el cobro, normalmente a cambio de una garantía. Revisamos la cuota con un perito, porque unos miles de euros pueden dejarla por debajo de los 120.000. Deuda con Hacienda y delito fiscal
Me reclaman cuotas de la Seguridad Social
Pasa a ser delito por encima de 50.000 euros, sumando cuatro años naturales. Si reconoce y paga la deuda antes de que le notifiquen la inspección, no hay pena.
Un socio me denuncia por cómo he llevado la sociedad
La acusación tiene que probar que usted se excedió en sus facultades y que eso causó un perjuicio a la sociedad. Reunimos actas, poderes y correos que explican por qué se tomó cada decisión.
Dicen que me quedé con dinero que me confiaron
Suele tratarse de depósitos, comisiones, anticipos o fondos de un proyecto. A menudo la discusión es si había obligación de devolver ese dinero o era una deuda corriente, que se reclama en la vía civil.
Mi empresa está en concurso o ha dejado de pagar
Lo que el juez del concurso diga sobre la insolvencia no vincula al juez penal, y la causa penal puede avanzar sin esperar al concurso. Revisamos ventas, pagos y la contabilidad de los meses anteriores.
El banco me pide explicaciones o frena una transferencia
El banco no puede decirle si ha comunicado sus operaciones al SEPBLAC. Por eso conviene contestar con documentos que expliquen de dónde viene cada ingreso. Origen de los fondos
Me investigan por comisiones a un cliente o a un proveedor
Dar o recibir una ventaja injustificada para conseguir un contrato entre empresas privadas se castiga con seis meses a cuatro años de prisión e inhabilitación para comerciar. Si de por medio hay un funcionario, el delito es cohecho.
Han registrado la oficina y se han llevado los ordenadores
Llevarse un ordenador no autoriza a mirar dentro: para acceder al contenido, el juez tiene que haberlo permitido de forma expresa. Comprobamos qué se copió, quién lo hizo y si se respetó lo que decía el auto.
La sociedad aparece como investigada
Conviene que la represente alguien distinto del directivo investigado. Desde el primer día trabajamos las atenuantes que prevé la ley: aportar pruebas, reparar el daño e implantar controles antes del juicio.
Lo que conviene saber
La pena de la estafa va de seis meses a tres años de prisión. Si lo defraudado supera los 50.000 euros o afecta a muchas personas, la pena es de uno a seis años, y por encima de 250.000 euros, de cuatro a ocho. La administración desleal y la apropiación indebida se castigan con esas mismas penas.
El límite de 120.000 euros se mide por impuesto y periodo. En los que se declaran por meses o trimestres, como el IVA, se suma el año natural. Por encima de 600.000 euros, o si se usan sociedades interpuestas o paraísos fiscales para ocultar quién debe, la pena sube a dos a seis años. Ya dentro del proceso, pagar y reconocer los hechos antes de dos meses desde la citación como investigado permite al juez bajar la pena uno o dos grados.
Defraudar a la Seguridad Social es delito por encima de 50.000 euros en cuatro años naturales. Obtener una subvención falseando las condiciones, o gastarla en otra cosa, lo es por encima de 100.000 euros, y entre 10.000 y 100.000 tiene una pena menor, de tres meses a un año de prisión o multa. En los dos casos, pagar o devolver el dinero antes de que le notifiquen la comprobación, o antes de la querella, evita la pena.
Esconder bienes para no pagar a los acreedores se castiga con uno a cuatro años de prisión, y con uno a seis si la deuda es con Hacienda o con la Seguridad Social. La insolvencia punible tiene la misma pena de uno a cuatro años, también se castiga cuando se comete por imprudencia y solo se persigue si el deudor ha dejado de pagar con regularidad o está en concurso.
La pena es de seis meses a seis años de prisión y multa de hasta el triple del valor de los bienes. Si hubo imprudencia grave, de seis meses a dos años. Da igual que el delito del que viene el dinero se cometiera en otro país.
La instrucción tiene un plazo de doce meses, que el juez puede prorrogar por periodos de hasta seis. La mayoría de estos delitos prescriben en cinco años. El plazo es de diez cuando la pena máxima pasa de cinco años de prisión, como en la estafa agravada, el delito fiscal agravado o el blanqueo.
Cómo trabajamos
Requerimiento, acta, citación o querella. Lo leemos, le decimos qué plazos corren y qué no conviene hacer todavía, y le mandamos un presupuesto por escrito.
Con su asesor o su departamento financiero reunimos contabilidad, contratos, actas y correos, y vemos qué explican y qué no.
Leemos la causa entera y decidimos con usted si declara, sobre qué y con qué documentos delante.
Proponemos las pruebas que faltan, encargamos a un perito independiente que revise las cifras de la acusación y pedimos que se levanten los embargos que no estén justificados.
Buscamos primero el archivo. Si no llega, comparamos con usted lo que supone una conformidad y lo que puede pasar en la vista, también para la empresa.
Preguntas frecuentes
Cuando lo que propone regularizar la Inspección se acerca a 120.000 euros en un impuesto y un año, o si el inspector habla de indicios de delito. Antes de firmar un acta conviene saber qué puede pasar en la vía penal.
Sí. El proceso penal no para el cobro, salvo que el juez lo suspenda, en general a cambio de una garantía. Si no puede darla y el cobro le causaría un daño muy difícil de reparar, el juez puede dispensarla en todo o en parte.
Sí. Basta con que se pruebe que lo cometió alguien con cargo o funciones dentro de ella, aunque no se le haya identificado o no se le pueda juzgar. Lo dice el artículo 31 ter del Código Penal.
Sobre todo multas, que en delitos como la estafa o el fraude fiscal se calculan sobre lo defraudado. En los casos graves, el juez puede suspender sus actividades o cerrar sus locales hasta cinco años, prohibirle contratar con la Administración hasta quince o disolverla. La suspensión, el cierre y la intervención judicial pueden acordarse ya durante la instrucción.
Sí. En las sociedades que pueden presentar la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, la vigilancia del plan la puede asumir el propio órgano de administración, sin crear otro órgano.
El resultado por sí solo no basta. Tiene que haber un exceso en las facultades de administrar y un perjuicio para la sociedad. Si la decisión se tomó con información, por los cauces de la sociedad y sin interés personal, esa es la base de la defensa.
Sí, con una orden del juez, y lo normal es que no avisen antes. Lo que no pueden es revisar los ordenadores o móviles que se lleven sin que el juez haya autorizado expresamente ese acceso.
Sí. Tiene derecho a examinar la causa con tiempo y, en todo caso, antes de declarar. Si la causa es secreta, el juez tiene que levantar el secreto al menos diez días antes de cerrar la instrucción.
Sí. Vamos a juzgados de toda España, y lo que corresponde a la Audiencia Nacional lo llevamos desde nuestra oficina de la Castellana.
Antes de dar una cifra necesitamos ver la causa o los papeles de Hacienda, porque no cuesta lo mismo una declaración que una instrucción de varios años. Con eso delante le mandamos un presupuesto por escrito, separado por fases.
Opiniones de clientes
Jimena Sastre ha sido una excelente abogada de inmigración que me ha guiado durante todo el proceso de solicitud de la nacionalidad española. Ha sido profesional, amable, siempre dispuesta a responder mis preguntas y me ha orientado correctamente. Su enfoque hizo que mi solicitud fuera mucho más sencilla y sin estrés, y la recomiendo a otros expatriados/inmigrantes que necesiten asesoramiento y asistencia legal para sus solicitudes de residencia o nacionalidad.
El equipo de esta firma ,son sencillamente los mejores, muy profesionales, responsables, y de completa confianza. 200% recomendables!!
Todos hemos visto alguna vez pelis de abogados, que hacen milagros en los juzgados, y hemos pensado, que en la vida real estas cosas no pasan… Pero los de SyC lo consiguen. Solo puedo decirles Gracias por estar a mi lado siempre! En hora buena por vuestro trabajo!
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